Ayer, un periódico nacional recogía la opinión y exigencias de los inspectores del Banco de España. Según los mismos, exigen responsabilidades en procedimiento administrativo o penal por "la deficiente gestión de los órganos rectores de las entidades (bancarias y cajas)," y, en segundo lugar, el examen de responsabilidades debido "al lento y deficiente tratamiento que se ha hecho del problema por parte de los órganos rectores del Banco de España" (al propio Banco de España). Si "la nada" la han creado los bancos y cajas en sus balances a través de maquillar sus resultados económicos nefastos derivados de la especulación en el sector inmobiliario, que paguen, penal o civilmente por dichas responsabilidades. Sí el Estado no tiene más remedio que intervenirlos porque no se puede dejar en la estacada a los millones de clientes de dichas entidades, que lo haga. Pero que también exija responsabilidad a los consejeros de las bancas y cajas que salen como ratas de los barcos en llamas. Que exija responsabilidad a los órganos rectores del Banco de España que han permitido esta práctica de especulación cuando estaban para velar porque este tipo de acciones no se produjeran en la actividad bancaria. De qué nos ha servido a los ciudadanos tener al gobernador del Banco de España en su sillón sino para tener que velar para casos como los de Bankia y otros muchos no ocurrieran, que no ha cumplido.
Cuando
nosotros compramos en un supermercado no pagamos con un pagaré, que
aplaza el pago de la deuda muchos años y que supone para la empresa
vendedora un beneficio amortizado y dividido varios años hasta su
desenvolso. Pero imaginemos por un momento que nos lo permiten porque
son tan avariciosos que quieren vender más y lo permiten y en cualquier
momento de tiempo que empleamos para el pago no tenemos dinero y el
pagaré resulta devuelto. Ese vacío en la contabilidad de la empresa no
se llena con conceptos vacíos para limpiar la mala conducta de la
empresa. La empresa, dejada llevar por la corruptela, la avaricia y la
mala praxis, ha generado una responsablidad societaria, contable, o
tributaria por un movimiento ficticio no permitido en la práctica, ha
generado responsabilidad penal de los propios empresarios basada en los
mismos delitos contables y societarias, y una responsablidad patrimonial
que deben pagar con el patrimonio sus propios gestores (y no como hasta
ahora saliendo de las entidades con primas por salidas anticipadas de
sus puestos).
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